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El Sistema Electoral Uninominal

El sistema electoral binominal no se ha reemplazado porque no ha existido la intención de hacerlo en el Congreso. Si bien la Concertación ha estado a favor de un cambio desde 1989, la Alianza se ha opuesto fehacientemente. Mientras los partidos de la Concertación han enfatizado en la necesidad de aumentar la proporcionalidad del sistema, los partidos de la Alianza han insistido en mantenerlo para reforzar la estabilidad de la democracia. En definitiva, ha sido un juego suma-zero que ha tendido hacia el status-quo.

Esto cambió en Enero de 2012, cuando un grupo de legisladores de RN manifestó su disposición de votar a favor de un nuevo sistema electoral. La suma de sus votos con los de la Concertación permite—por primera vez—alcanzar el quórum calificado para hacer cambios a la Constitución. Sin embargo, tener la disposición es solo el comienzo. Existen varias propuestas sobre la mesa (e.g., el binominal corregido, el uninominal, el proporcional, el mixto paralelo y el mixto compensatorio), entre las cuales no hay consenso.

Dado que intentos de reforma anterior han fracasado por el veto de la Alianza, no debiera sorprender que no exista un acuerdo pero igual se lleve a cabo la reforma. Para evitar enfrentar otro veto-player (que podría ser la UDI), es natural que la Concertación decida apoyar casi cualquier alternativa de sistema electoral (salvo el binominal corregido). Incluso uno que no tenga un objetivo de proporcionalidad. Entre las propuestas mencionadas, uno que RN podría querer potenciar, y que a la vez satisfaga a la Concertación, es el sistema uninominal.

El sistema uninominal (o mayoritario) ha tenido buenos resultados en 2 de los países con mayor tradición democrática del mundo, Estados Unidos y Reino Unido. Principalmente porque es simple (el candidato con más votos gana), pero también porque es justo (todos las unidades electorales representan la misma cantidad de gente). Un sistema uninominal, además, fuerza que existan mayorías. La teoría de partidos políticos muestra que a medida que baja la magnitud del distrito, disminuye la cantidad de partidos.

Una critica central al sistema uninominal es que no esta de acorde con la naturaleza multipartidista del sistema político chileno. Y que al construir incentivos institucionales mayoritarios se reprimen las demandas de partidos pequeños. Sin embargo, dado que el sistema uninominal necesariamente implica un redistritaje, el número de escaños a repartir debería aumentar, permitiendo que cada partido lleve candidatos donde enfrente mejores probabilidades de ganar. Por ejemplo, el PRI podrían ganar en varios distritos del norte.

Es más, si bien los sistemas uninominales tienden a reducir el número de partidos, no necesariamente reducen el número de coaliciones. Incluso podría solidificar a los partidos existentes. Si aumenta la cantidad de distritos, naturalmente incrementa la cantidad de candidatos. (Mi propuesta es que se elijan 160 diputados que representen alrededor de 100,000 personas, y 53 senadores que representen alrededor de 300,000 personas). En cual caso los partidos tienen un incentivo adicional para permanecer vigentes.

En definitiva, el sistema uninominal refuerza la estabilidad que existe mediante elecciones simples y justas. Incentiva la formación de grandes mayorías, pero respeta la proporcionalidad a nivel local. En el caso chileno, bien podría mantener las coaliciones que existen hoy, o podrían incentivar nuevas coaliciones. De hecho, el sistema uninominal en sistemas multipartidistas permite la flexibilidad en la formación de gobiernos. Por ejemplo, aumenta la posibilidad que los partidos de centro busquen lugares comunes en su propia coalición.

La Caída de RN

Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente están juntos porque se necesitan, no porque lo quieren. Si compitiendo individualmente podrían obtener como mínimo las cuotas de poder que obtienen compitiendo en conjunto, se pondría fin a la Alianza por Chile.

Por ser una coalición necesaria, la distribución interna de poder a menudo acaba en negociaciones arduas y complicadas, que rara vez dejan satisfechas a ambas partes. Porque lo que le conviene a uno, no necesariamente le conviene al otro. Sin embargo, han decidido permanecer juntos durante las últimas dos décadas.

El origen de ésta paradoja está en la formación de la coalición en 1989, tras el retorno a la democracia. Si bien un clivaje ideológico agrupó a los partidos que se opusieron al gobierno militar en una coalición, y a los que estuvieron a favor en otra coalición, han sido las reglas electorales las que las han perpetuado.

Por un lado, las reglas de elecciones presidenciales dan por vencedor al candidato que logre más de 50% de los votos. Esto ha llevado a que los partidos busquen agruparse en coaliciones para obtener una mayoría que de otra forma sería imposible.

Por otro lado, las reglas de elecciones legislativas otorgan 2 escaños a la lista más votada si logra doblar en votos a la segunda lista más votada. Esta ha llevado que los partidos busquen agruparse en coaliciones para intentar doblar a la otra coalición, o bien para evitar el doblaje en contra.

En un comienzo, RN fue el partido más poderoso dentro de la Alianza. Se impuso a la UDI en todas las elecciones que siguieron el retorno a la democracia, lo que le permitió ser el controlador de las decisiones dentro de la coalición y preservar el poder al auto-designarse la mayoría de los cupos electorales.

En 2000 esta situación se revirtió. Si bien fue en gran parte debido a los constantes conflictos entre la UDI y RN, tres hechos específicos destacan como los responsables en el cambio en el balance de poder, donde la UDI finalmente reemplazó a RN como el partido más grande de la coalición.

El primer hecho lo protagonizaron Sebastián Piñera y Evelyn Matthei en 1993. En la batalla por la candidatura presidencial, el espionaje telefónico a una conversación de Piñera (Piñeragate) derrumbó la esperanza de ambos. Finalmente Matthei renunció a RN y se sumó a la UDI.

El segundo hecho se dio en el marco de las convenciones presidenciales de la Alianza el mismo año, cuando RN levantó a Manuel Feliú como candidato, pero las élites de la UDI unilateralmente decidieron reemplazarlo con un candidato de su propio sector: Arturo Alessandri Besa.

El tercer hecho se dio en las elecciones senatoriales de 1997, cuando la “campaña de las drogas” de Carlos Bombal (UDI) amartilló la de Andrés Allamand (RN) en Santiago Oriente. El ímpetu de la victoria llevó a que Joaquín Lavín (UDI), alcalde de Santiago, se auto-proclamara el candidato presidencial de 1999.

El exitoso–y sorpresivo–rendimiento de Lavín en las elecciones presidenciales de 1999 fue el principio de la caída definitiva de RN. La potente campaña de Lavín fue usada por la UDI como la inspiración para movilizar a todos los votantes de la derecha tras su causa.

En 2000, el mismo año que la segunda vuelta presidencial, la UDI por primera vez logró obtener más votos que RN en una elección. El hecho marcó el final del liderazgo de RN. En 2001, 2004, 2005, 2008 y 2009 la UDI fue el partido más votado de la Alianza.

El poder en la Alianza suma-zero. Cuando un partido obtiene poder, es a costo del otro. Y la historia muestra que el poder ha sido sistemáticamente transferido desde RN hacia la UDI. Sin un cambio significativo a las reglas electorales, RN está condenado a permanecer como el partido más pequeño de la derecha.

La Otra Distorsión del Binominal

La distorsión más conocida del binominal es que obliga a una lista obtener más de 66,7% para sacar electo a sus dos candidatos (doblaje). Otra distorsión menos conocida es que en algunos casos permite que candidatos con la tercera preferencia de la unidad electoral sean electos. Una nota publicada en La Tercera reportó los nombres de los beneficiados en 2009.

Senadores

XV Región: Jaime Orpis (UDI) fue electo con 56.390 votos. Pese a que Salvador Urrutia (ILD) obtuvo 47.087 votos, Fulvio Rossi (PS) llegó al Senado con 45.639 votos.

Diputados

Distrito 5 (Copiapó): Lautaro Carmona (PC) fue elegido con 17.022 votos. Anita Quiroga (DC) obtuvo 13.503 votos, pero Carlos Vilches (UDI) llegó a la Cámara con 13.159 votos.

Distrito 10 (La Ligua): Andrea Molina (ILB) ganó con 36 mil votos. Alfonso Vargas (RN) obtuvo 34.859, pero salió electo Eduardo Cerda (PDC), con 30.017 votos.

Distrito 12 (Villa Alemana): Arturo Squella (UDI) salió con 30.108 votos. Pese a que Amelia Herrera (RN) obtuvo 30.092, Marcelo Schilling (PS) la dejó en el camino, con 24.124 votos.

Distrito 20 (Estación Central): Mónica Zalaquett (UDI) resultó electa con 56.168. Alvaro Escobar (ILC) obtuvo 52.755 votos, pero el diputado es Pepe Auth (PPD), con 49.981.

Distrito 25 (Macul): Ximena Vidal (PPD) ganó con 43.794 votos. Pese a que Gonzalo Duarte (PDC) tuvo 29.876, Felipe Salaberry (UDI) consiguió el puesto con 28.444 votos.

Distrito 28 (San Miguel): Guillermo Teillier salió con 49.040 votos. Jorge Insunza (PPD) consiguió 36.004 votos, pero Pedro Browne (RN), con 31.882, ganó.

Distrito 41 (Chillán): Rosauro Martínez (RN) resultó electo con 42.385 votos. Si bien Paz Oyarzún (UDI) obtuvo 31.885 votos, Carlos Abel Jarpa (PRSD) se quedó con el escaño, al conseguir 24.093 votos.

Distrito 42 (San Carlos): Jorge Sabag (PDC) obtuvo 32.174 y salió elegido. Si bien Felipe Letelier (PPD) sacó 26.644 votos, Frank Sauerbaum (RN) se quedó con el puesto, con 22.861.

Distrito 51 (Nueva Imperial): Joaquín Tuma (PPD) fue electo con 16.327 votos. Pese a que José Inostroza (ILA) obtuvo 12.077 votos, José Manuel Edwards (RN) llegó a la Cámara con 11.275.

Distrito 59 (Coyhaique): El diputado David Sandoval (UDI) obtuvo 12.092 votos. Aunque Pablo Galilea (RN) consiguió 10.323, fue René Alinco (ex PPD) quien se quedó con el puesto, con 9.381.

No Todo está Perdido: Reforma Electoral y Reforma Tributaria

El gobierno de Piñera ha sido a lo más mediocre. Los errores no forzados han llevado al Presidente a obtener los niveles de popularidad más bajos de la historia democrática moderna. Esto ha afectado directamente la gobernabilidad, significativamente limitando la implementación de la agenda de trabajo que se prometió durante la campaña de 2009/2010.

Pero no todo está perdido. Para comparar con un gobierno de 4 años, el de Bachelet también tuvo un mal comienzo. Después de obtener niveles de aprobación presidencial cerca de su votación base (55%) en los primeros meses de gobierno, los índices rápidamente cayeron a estar entre 30% y 40% de aprobación. Esto solo se pudo revertir a partir del último año de gobierno, cuando finalmente pudo superar el 50%.

Si comparamos tendencias, vemos que tanto Bachelet como Piñera partieron con un alto nivel de apoyo, pero que se deterioró rápidamente. Para ambos, este sentimiento ciudadano se mantuvo durante los dos primero años de gobierno. Y si Bachelet pudo recuperar, y mejorar, su aprobación presidencial, Piñera también puede. Pero para hacer esto, es crucial elegir el camino adecuado.

Mi opinión es que una reforma electoral y una reforma tributaria no solo podrán revertir la tendencia de aprobación presidencial y mejorar la gobernabilidad, pero podrán posicionar a la Alianza en la mejor posición posible para enfrentar la elección presidencial de 2013. Ambas son reformas que son transversales a los partidos políticos y que recogen la simpatía de la ciudadanía.

Sin embargo, es importante enfocarse en cómo y cuándo llevarlas a cabo.

Reforma electoral debe ser el tema de gobierno en 2012. Hasta el momento, la reforma se ha tratado en círculos de élite–partidos políticos, comisiones ejecutivas y casas de estudios–que concuerdan en la necesidad de un cambio. Si no existe una demanda ciudadana es precisamente por su carácter político. El gobierno debe subrayar esta situación e incluir a los ciudadanos en su diseño.

En un año electoral (municipales 2012), un trato horizontal de este tema será recompensado por los votantes. Abrir el debate–en la medida de lo posible–a la gente mostrará el espíritu de transparencia y de democracia que hasta el momento han sido las principales criticas de la oposición. Además, Piñera tendrá en sus manos la posibilidad de ser visto como el padre del sistema político del siglo XXI.

Reforma tributaria debe ser el tema de gobierno de 2013. No sólo es una demanda ideológicamente transversal, pero es la salida del principal problema de Piñera: el conflicto de la educación. Es evidente que no se terminarán las demandas de los estudiantes en lo que queda del periodo. Pero es igual de evidente que un cambio al sistema de tributos es el comienzo.

Es necesario invertir al menos el mismo tiempo que se ha invertido en pensar un nuevo sistema electoral, en pensar un nuevo sistema de tributos. Hasta el momento han habido varias propuestas e ideas para un recambio, pero el gobierno debe darle el tiempo y la importancia que necesita. Si existe un compromiso de reforma tributaria, los ciudadanos entenderán que podrá esperar hasta 2013.

Una buena estrategia mediática deberá acompañar al gobierno en liderar estas dos reformas. Lejos de presentarlas como el gran proyecto de la derecha, el gobierno deberá silenciosamente buscar compromisos de todos los sectores para llevarlas a cabo. No hay duda que tras diseñar e implementar estas reformas, la gente tendrá una percepción muy diferente de Piñera y la Alianza.

Reforma Electoral Gradual: Mala Estrategia

La semana pasada ProyectAmérica (PA) y el Centro Democracia y Comunidad (CDC) presentaron su propuesta de reforma electoral. El objetivo general de la propuesta es instalar la igualdad del voto, mejorar la representatividad, fortalecer la gobernabilidad y aumentar la competencia. A primera vista la propuesta parece ser un aporte positivo y un proyecto políticamente viable. Responde a los criterios básicos exigidos por los partidos de la Alianza, y apunta a mejorar los aspectos del sistema electoral que han sido constantemente criticados por la Concertación desde los noventas.

Pero una mirada más crítica nos muestra todo lo contrario. La propuesta tiene tantos problemas de viabilidad como de finalidad.

El primer problema es la estrategia de dos fases que propone para lograr su objetivo:

La primera fase considera el término del binominal por la vía de aumentar el número de escaños y el número de candidatos en base a una proporcionalidad de base regional, sin redistritaje. La segunda fase considera un nuevo cálculo de las proporciones exactas de los distritos a través de un redistritaje basado en el Censo de 2012, que deberá ser elaborado antes de la elección parlamentaria de 2017.

El problema con esta estrategia es que lo más probable es que la reforma se detenga tras implementar la primera fase. En un artículo anterior mostré que dentro de los partidos de la Alianza, solo RN estaba dispuesto a negociar cambios al sistema binominal. Pero el cambio más drástico propuesto por RN es solo aumentar el número de legisladores electos por distrito y circunscripción. Esto es consistente con la primera fase propuesta por PA y el CDC. De hecho demasiado consistente. Tanto la propuesta de RN como la de PA y el CDC proponen aumentar el número de diputados electos en 30 (de 120 a 150) y el número de senadores electos en 12 (de 38 a 50). Es decir, tras la primera fase, es difícil esperar que los partidos de la Alianza estén dispuestos a continuar la reforma propuesta en la segunda fase. Cuestiono seriamente la viabilidad de una reforma electoral que en su primera fase permita a la Alianza entregar el 100% de su oferta.

Este cuestionamiento es aun más nitido al mirar la disposición política de los partidos al momento de reemplazar el sistema binominal. En un artículo anterior mostré que la probabilidad de ver un proyecto de reforma electoral que incluya un sistema proporcional pasar por el Congreso es muy baja. En mi simulación de una votación de 5 proyectos de reformas electorales (sistema binominal corregido, sistema mayoritario, sistema mixto compensatorio, sistema mixto paralelo, sistema proporcional) encontré que solo pasaría un sistema binominal corregido o un sistema mayoritario. Dado que la primera fase de la propuesta de PA y el CDC es solo una corrección al sistema binominal, es natural anticipar que sea aceptada por los partidos de la Alianza (al menos RN). Es decir, dentro del rango de propuestas a reformas al sistema electoral, los partidos de la Alianza no estarían dispuestos a apoyar un proyecto que contemple representación proporcional de cualquier tipo.

El segundo problema es sobre la segunda fase propuesta por PA y el CDC. Si bien estoy de acuerdo con que el sistema binominal es poco competitivo y poco proporcional y que es necesario un redistritaje y una compensación territorial adecuada, creo que el método propuesto en el proyecto no es el mejor. Tal vez es el más viable, porque implica menos cambios (y por ende menos escollos improvistos al momento de legislar), pero no es el mejor para incorporar más competencia y proporcionalidad en el sistema. De hecho, el único gran cambio de esta propuesta es redistritar de acuerdo al censo de 2012. Eso implicaría que cada distrito y circunscripción estarían eligiendo un número de legisladores proporcional al tamaño de su población, relativo al resto de las unidades electorales en el país. Adoptar esta reforma implica omitir otros métodos de lograr lo mismo (más competencia y más proporcionalidad) pero de mejor manera.

Por ejemplo, en vez de mantener la fórmula electoral d’Hondt (que es actualmente usado para elecciones legislativas y de concejales), se podría contemplar adoptar la fórmula electoral Sainte-Laguë. Ambas son fórmulas (de método de promedio mayor) utilizadas en sistemas donde compiten múltiples partidos en múltiples listas por múltiples escaños. La diferencia es que mientras la fórmula d’Hondt usa como divisor números enteros de forma continua (1, 2, 3, 4, etc), la fórmula Sainte-Laguë usa como divisor solo números impares (1, 3, 5, 7, etc). El efecto es que el primero favorece a los partidos más grandes, mientras que el segundo es estrictamente proporcional. Incluso con múltiples partidos compitiendo en el sistema, es probable que bajo la fórmula d’Hondt el partido con la mayoría de votantes obtenga al menos la mitad de los escaños. Mi punto es que si el objetivo de la reforma electoral es aumentar la proporcionalidad se podrían contemplar métodos alternativos para distribuir los escaños.

Mi problema con la propuesta de PA y el CDC es tanto su viabilidad como su finalidad. Es poco viable que el proyecto pase por ambas fases. Lo más probable es que se logre aprobar la primera fase de aumentar el número de legisladores electos, y que previo a pasar a la segunda fase se congele de forma indefinida. Además, si la intención de PA y CDC es incorporar más competencia y proporcionalidad al sistema sugiero buscar alternativas a la fórmula electoral d’Hondt. Sainte-Laguë es mi favorita, pero existen otras que se insertarían bien dentro de la realidad chilena, como los de método de resto menor Hare quota, Droop quota o Imperiali quota. O si se decide mantener la fórmula actual, bien se podría considerar la viabilidad de crear una lista nacional para corregir las distorsiones que provoca.

Mi propuesta se aleja bastante de la de PA y CDC. En un artículo anterior argumenté que una reforma electoral gradual es una mala estrategia para un sistema de partidos congelado. Lo más probable es que proyectos de reforma electoral gradual se estaquen de forma permanente en el Congreso. Desde mi perspectiva, creo que una reforma electoral debe incluir todas las reformas que alguna vez se piensen hacer. Es decir, el proyecto de reforma electoral debe ser definitivo e inclusivo. Debe comprender el tipo de sistema (uninominal, binominal, proporcional), el método de registro (inscripción automática, inscripción voluntaria), las carácter del voto (voto voluntario, voto obligatorio), los aspectos geográficos (mantener distritos actuales, redistritar) y el número de legisladores a elegir. Avanzar hacia una reforma electoral de forma gradual no ha sido una buena estrategia en los últimos 20 años. Sería mucho más fructífero para la democracia ver los enclaves autoritarios eliminados de una buena vez.

Una Reforma Electoral Mediocre

La semana pasada me invitaron a firmar una carta apoyando la inscripción automática. La firmé y fue publicada en El Mercurio y en El Dínamo. El objetivo de la carta fue presionar a la clase política para formalizar el traspaso de la antigua forma de registro electoral (inscripción voluntaria) a la nueva forma de registro electoral (inscripción automática). Entre las 108 personas quienes firmaron la carta, hubo quienes la apoyaron pensando en el voto obligatorio y quienes la apoyaron pensando en el voto voluntario.

En una carta de réplica, Mauricio Morales argumentó que cualquier tipo de apoyo a una inscripción automática sería por defecto un apoyo al voto voluntario:

… los firmantes omiten el artículo 15 de la Constitución (actualizada a octubre de 2009): “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”. Es decir, que en caso de regir la inscripción automática, el voto será voluntario.

Morales tiene razón. En el fondo, la carta es un apoyo a la inscripción automática con voto voluntario (IAVV). Es decir, no hay forma alguna en que los firmantes que apoyan la inscripción automática con voto obligatorio (entre ellos yo) tengan la posibilidad de ver su preferencia de registro electoral materializarse. Al menos que exista una segunda reforma constitucional al artículo 15 (lo cual es altamente improbable), el voto en las próximas elecciones será voluntario.

Sin embargo, sabiendo esto de antemano, decidí firmar la carta de todos modos. Principalmente porque apoyo la inscripción automática en cualquier caso. Mientras creo que voto obligatorio sería su mejor combinación, también porque creo que el voto voluntario podría ser bueno bajo el sistema electoral actual. Un registro electoral de IAVV bajo el sistema binominal incorporaría un algo de incertidumbre a elecciones altamente predecibles.

Pero al largo plazo la IAVV no es una solución viable. Simples estudios de patrones de voto permitirán a los candidatos sistematizar sus campañas, lo que eventualmente volverá a estancar el sistema político. Es decir, un voto voluntario puede hacer poco para permanentemente instalar competencia en las elecciones. La combinación entre voto voluntario y sistema binominal tiene sentido a corto plazo, pero no logra resolver los problemas de fondo.

Si realmente existe un debate genuino sobre una reforma al sistema electoral, es importante tomar en cuenta todos los aspectos de la reforma. Es común ver errores de policy makers al reformar políticas de manera gradual. Muchas veces las etapas de los proyectos no son compatibles entre sí. Lo mismo sucede con la implementación de sistemas electorales. Es crucial tomar en cuenta todas las características y combinaciones para determinar sus potenciales efectos.

Por eso es imperativo que cualquier proyecto de reforma electoral revise con atención toda combinación de reglas electorales. Ya existe un debate sobre el efecto de la IAVV sobre el binominal. Pero no existe un debate de su compatibilidad con otros tipos de sistema electoral. ¿Cuál es el efecto de la IAVV sobre un sistema uninominal? ¿Cuál es el efecto de la IAVV sobre un sistema proporcional?

No tomar en cuenta el efecto del método de registro electoral es en todo sentido contraproducente.

Mi propuesta es que la IAVV se condicione al sistema binominal, por ahora. Y cuando la clase política finalmente decida (si es que decide) cambiar el sistema electoral, recién se discuta cuál es la forma de registro más compatible con el sistema-a-adoptar. Soy partidario de otorgarle más competencia al binominal por medio de la implementación de la IAVV, siempre y cuando se vuelva a discutir el método de registro al momento de la reforma electoral permanente.

Entonces, desde mi punto de vista, el cambio transitorio implica adoptar la IAVV para todas las elecciones que se lleven a cabo bajo el actual sistema binominal. Asimismo, el cambio permanente implicar volver a discutir el método de registro.

Lo más probable, sin embargo, es que la reforma sea una mediocre. Es improbable que los legisladores estén dispuestos a modificar la ley electoral dos veces consecutivas, aunque objetivamente sea la mejor forma (dado las condiciones) de potenciar la calidad de la democracia. En cambio, sí van a estar dispuestos a legislar para ganar pequeñas batallas en la opinión pública. Aprobar la IAVV de forma transitoria tiene sentido; instalarlo como el método permanente no.

Replica a “Salvemos la Democracia: ¡Inscripción Automática Ahora!”

Esta es la transcripción de una carta de replica de Mauricio Morales, a una carta que firmé (y que fue publicada en El Mercurio y en El Dínamo) junto a 107 otros académicos, actores sociales y líderes de opinión apoyando la inscripción automática para votar en elecciones de Chile. La recibí directamente de Morales por e-mail, el Miércoles 19 de Octubre de 2011.

En una declaración firmada por una serie de académicos y personeros del mundo público el día 17 de octubre de 2011 y expuesta en el diario electrónico El Dínamo (www.eldinamo.cl), se alega a favor de la inscripción automática en los registros electorales de todos los chilenos de 18 años y más. Estoy plenamente de acuerdo con la medida, no así con la información suministrada y el enfoque analítico de la declaración.

En primer lugar, la declaración es imprecisa al señalar que “en la Constitución existe la inscripción automática desde abril de 2009, pero en la práctica seguimos teniendo la obligación de inscribirnos en un registro disponible en ciertos lugares, en ciertos días y cierto horario” (El destacado es mío). Si bien la Ley Nº 20.337 publicada en el Diario Oficial el 4 de abril de 2009 instituye la inscripción automática y el voto voluntario, no es cierto que hoy los chilenos (sin que entre aún en vigencia la inscripción automática) tengamos la obligación de inscribirnos. En el régimen electoral previo, es decir, sin inscripción automática, dicha obligación era inexistente. La inscripción, en consecuencia, era voluntaria. Si la inscripción hubiese sido obligatoria, jamás tendríamos un volumen de más de 4 millones de no inscritos.

En segundo lugar, la discusión respecto a la obligatoriedad o voluntariedad del voto está intrínsecamente relacionada con el tipo de inscripción. Es imposible apoyar la inscripción automática sin tener posición en torno a si el voto será obligatorio o voluntario. Es como aceptar una oferta de viaje sin saber cuál será su destino. Ahora bien, los firmantes omiten el artículo 15 de la Constitución (actualizada a octubre de 2009): “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”. Es decir, que en caso de regir la inscripción automática, el voto será voluntario. Las dos condiciones (inscripción automática y voto voluntario) están presentes en la reforma. Apoyar hoy la inscripción automática, también implica respaldar el voto voluntario.

Personalmente, creo que un sistema que combine inscripción automática y voto voluntario es mejor que un régimen electoral con inscripción y voto prácticamente voluntarios (como el que existía previo a la reforma debido a la baja aplicabilidad de sanciones para los inscritos que no votaban y que tampoco daban aviso oportuno a Carabineros). Con inscripción automática y voto voluntario los ciudadanos podrán decidir hasta última hora si van o no a votar y, adicionalmente, dicha decisión será acompañada por la efervescencia de las campañas electorales, cuestión imposible con el sistema de inscripción voluntaria donde los registros cerraban antes que los candidatos desplegaran plenamente sus campañas. Quiero subrayar, eso sí, que el mejor régimen electoral para Chile es el de inscripción automática y voto obligatorio. Generalmente, en los sistemas de voto voluntario hay menos participación y/o las desigualdades económicas se transforman en desigualdades políticas, pues los más ricos tienden a votar más que los pobres. Sobre el primer punto se dirá que las encuestas muestran una alta predisposición a votar con voto voluntario. El problema es que estamos frente a una simulación (del dicho al hecho hay mucho trecho). No obstante, si más gente está dispuesta a votar con inscripción automática y voto voluntario, lo que se nos dice es que ese régimen electoral es mejor que un sistema de inscripción y voto prácticamente voluntarios. Entonces, podemos suponer que la participación con un sistema de inscripción automática y voto obligatorio sería aún mayor. Esto sería saludable para la democracia siempre y cuando se combine con un sistema electoral que estimule la competencia. De nada sirve modificar el régimen electoral si los índices de competencia política se mantienen inalterables. Incluso, esto puede ser venenoso para la democracia. Es decir, un sistema sin competencia y donde sea voluntario asistir a las urnas. Pocos irán a votar. Sobre lo segundo, alguien podrá discutir que los ricos siempre han votado más que los pobres. Al menos eso es lo que se desprende de análisis agregados a nivel comunal y de encuestas de opinión. El punto está en lo siguiente. Si tenemos claro que este problema ya se produce con un régimen de inscripción voluntaria y voto también prácticamente voluntario, entonces lo que debiésemos hacer es implementar una reforma que corrija dicho problema, no que lo agudice. Suponemos que la combinación de inscripción automática y voto voluntario no corregirá el problema. Por tanto, la solución pasa por otro camino que ya parece cerrado: voto obligatorio.

En tercer lugar, creo que es discutible uno de los supuestos de la declaración en torno a que los no inscritos se comportarían políticamente distinto a los inscritos. De acuerdo a los firmantes, el hecho de que los no inscritos voten generaría mayor incertidumbre en la elección y, por tanto, los partidos tendrían cierto resquemor a respaldar la inscripción automática debido al ingreso de nuevos votantes. En consecuencia, el hecho de bloquear la inscripción automática sería una señal de mezquinos cálculos electoralistas por parte de dirigentes y asesores partidarios. Todos ellos estarían pensando en arrastrar más agua a su molino y no, necesariamente, en buscar el mejor régimen electoral para Chile. El punto está en lo siguiente. Como muestra un estudio de 2008 realizado por uno de los firmantes (Patricio Navia), los inscritos y no inscritos tienen predisposiciones políticas similares particularmente en términos de identificación ideológica, cuestión que se reproduce para datos más actualizados. En algunas encuestas, eso sí, los no inscritos aparecen levemente más cargados hacia la izquierda, pero con mayores niveles de desafección con partidos y coaliciones. Si bien la discusión está abierta sobre este punto considerando los últimos acontecimientos sociopolíticos que involucran a jóvenes, no está demás subrayar que la entrada de nuevos votantes no es, necesariamente, una amenaza para los partidos vigentes. Claro, genera mayor incertidumbre, pero mientras no se modifiquen las reglas del juego (sistema electoral), probablemente los cambios no sean tan visibles.

En definitiva, me parece del todo razonable presionar por la aplicación de la inscripción automática. Pero hay que ser honestos en señalar que dicha presión también implica aceptar el voto voluntario. Junto a este debate, ciertamente, habría que reflotar la discusión en torno al cambio del sistema electoral. Me encantaría que más firmantes pudieran clamar por ese cambio que, de concretarse, sí podría hacer variar dos dimensiones claves de la democracia: participación y competencia.

Salvemos la Democracia: ¡Inscripción Automática Ahora!

Esta es la transcripción de una carta que firmé, junto a 107 otros académicos, actores sociales y líderes de opinión apoyando la inscripción automática para votar en elecciones de Chile. Fue publicada en El Mercurio y en El Dínamo, el Lunes 17 de Octubre de 2011.

Chile tiene en la actualidad uno de los sistemas de registro electoral más extraños del mundo: en la Constitución existe la inscripción automática desde abril de 2009, pero en la práctica seguimos teniendo la obligación de inscribirnos en un registro disponible en ciertos lugares, en ciertos días y cierto horario.

Si todos los sectores políticos manifestaron su voluntad de eliminar esta verdadera barrera a la entrada a la participación política, ¿qué pasa que la inscripción automática hoy no está vigente? Se requiere de una ley que la implemente. Los responsables han aludido la dificultad técnica de incorporar parte importante de los no inscritos al padrón automático. De esta manera se pone en riesgo su implementación para las elecciones municipales del 2012 y presidenciales – parlamentarias 2013.

El resultado del actual sistema: después de 21 años de democracia, más del 90% de los mayores de 45 años votan, pero sólo el 20% de los menores de 30 años lo hace.

Chile tiene la capacidad de acelerar el proceso y cumplir lo señalado en la reforma. Lamentablemente la inscripción automática significa para muchos representantes mayor incertidumbre respecto de su propio resultado electoral, escenario que prefieren evitar. El incentivo pareciera estar en dejar las cosas como están, mientras se sigue debilitando la representatividad de nuestra democracia.

Los firmantes de esta carta, formando parte de un movimiento ciudadano transversal, no buscan una ventaja electoral para un partido o sector político determinado. Del mismo modo tienen visiones distintas respecto del debate de fondo sobre la voluntariedad u obligatoriedad del voto. Entre ellos también existen diferencias respecto de las otras modificaciones que requiere nuestra democracia. Aun así, todos coinciden en que el estado actual sólo consolida un padrón estrecho y avejentado a la vez que augura menos competencia y participación electoral; la inscripción automática es paso esencial y prioritario para revertir la crisis de representatividad.

Por lo anterior, especialmente en un año en el cual la juventud se ha tomado la calle para expresar su deseo de incorporarse al debate público, se hace urgente que los actores políticos cumplan su compromiso. Sabemos que nuestras instituciones públicas son capaces en corto plazo de salvar las barreras técnicas que implica este desafío. Lo que demandamos es la voluntad política para que esta reforma se haga operativa antes de las próximas elecciones municipales. Estamos contra el tiempo y no podemos esperar un día más.

A través de esta carta y los abajo firmantes exigimos al Gobierno, Congreso y Partidos Políticos que discutan con urgencia inmediata la legislación que permite la pronta implementación de la inscripción automática.

Fue firmada por: Sebastián Iglesias, Cristóbal Bellolio, Sebastián Bowen, Claudio Fuentes S., Jaime Bellolio, Marcela Ríos, Robert Funk, José Francisco García, Tomás Chuaqui, Lucia Dammert, Francisco Javier Díaz, Patricio Navia, Jorge Navarrete, Juan Pablo Luna, Nicolás Grau, Mauricio Dorfman, Humberto Sichel, Felipe Heusser, Marcelo Brunet, Luis Felipe Merino, Rodrigo Castro, Danae Mlynarz, Eugenio Guzmán, Cristobal Aninat, Lucas Sierra, Oscar Landerretche, Julio Pertuzé, Alejandro Micco, Stephanie Alenda, Andrés Valdivia, Claudia Heiss, Daniel Hojman, Aldo Schiappacasse, Juan Pedro Pinochet, Claudia Sanhueza, Eduardo Engel, Javier Couso, Andrea Betancor, Aldo González, Andrés Azocar, Camilo Ballesteros, Cecilia Castro, Sebastián Cantuarias, Gonzalo Müller, Consuelo Saavedra, Ángel Soto, Vlado Mirosevic, Jorge Contesse, Gonzalo de la Maza, Sergio España, María de los Ángeles Fernández, Pedro Glatz, Cristóbal Huneeus, Alex Godoy, Alejandra Jorquera, Soledad Teixidó, Marcelo Mena, Claudio Castro, Juan José Ossa, Rodrigo Jordán, Matias Asún, Daniel Manoucheri, Rodrigo Guendelman, Fernando Paulsen, Claudio Agurto, Luis Argandoña, Davor Mimica, Javier Sajuria, Alfredo Joignant, José Miguel Benavente, Rolando Jiménez, Monserrat Nicolás, Carlos Correa, María Gracia Subercaseaux, Roberto Méndez, Kenneth Bunker, Andrea Repetto, Harald Beyer, Camilo Feres, Cristina Bitar, Felipe Melo, Elisa Zuleta, Axel Káiser, Andrés Kalawski, Diego Schalper, Gloria De La Fuente, Pamela Díaz-Romero, Manuel Antonio Garretón, Matías del Río, Juan Carlos Eichholz, José Viacava, Pablo Ruiz-Tagle, Patricia Politzer, Sergio Micco, Kenzo Asahi, Leo Prieto, Patricio Fernández, Max Colodro, Cristóbal Tello, Cristóbal Yurazseck, Javier Fano, Esperanza Cueto, Javier Sanfeliú, Pablo Lira, Juan Manuel Astorga, Andrea Sanhueza, Rossana Castiglioni, Francisco Javier Urbina, María Olivia Recart, David Altman.

Viabilidad Legislativa de una Reforma Electoral

Los últimos sucesos–las movilizaciones y los bajos índices de popularidad presidencial–han puesto a La Moneda en jaque. A dos años de la próxima elección presidencial, el presidente aún no ha logrado consolidar a su gobierno. No está claro cuál va ser la gran contribución del cuatrienio de Piñera. En un artículo anterior, sugerí que una buena opción sería una reforma electoral.

Sin embargo, una reforma iría en contra de la posición política que han manifestado los partidos de la Alianza desde el retorno de la democracia. Mientras su objetivo ha sido preservar el sistema binominal, la Concertación ha empujado por un cambio. Mientras la Alianza ha insistido en la virtud de estabilidad que entrega el binominal, la Concertación ha criticado su desproporcionalidad.

Por eso fue una sorpresa cuando un proyecto de reforma electoral (Boletín 7417-07) ingresó con la firma de un diputado UDI. Esta sorpresa se transformó en expectativa cuando La Moneda anunció la intención de explorar alternativas al sistema electoral. Si bien este debate ha levantado esperanza, mi sugerencia es mantener la calma. Lo más probable es que todo siga igual.

Según el cientista político David Altman, existen 5 grandes propuestas de cambio al sistema electoral.

  1. Sistema Binominal Corregido: Mantener sistema binominal, pero agregar escaños. Se baraja aumentar la Cámara de Diputados de 120 a 150 y el Senado de 38 a 50.
  2. Sistema Mayoritario: Reemplazar el sistema binominal por un sistema uninominal. Esto implica un redistritaje nacional.
  3. Sistema Proporcional: Reemplazar el sistema binominal por un sistema proporcional puro. Este se asimila al que existía en Chile previo a 1973. Esto implica aumentar la cantidad de escaños por distrito.
  4. Sistema Mixto Paralelo: Instalar un sistema de elección paralelo, donde una parte de los legisladores son electos en distritos uninominales y otra parte de los legisladores son electos por listas proporcionales regionales.
  5. Sistema Mixto Compensatorio: Instalar un sistema de elección mixto paralelo, pero con un vínculo directo entre ambos sistemas para mantener la proporcionalidad.

Para efectuar cualquier cambio importante a la Ley electoral, la Constitución establece que se necesita un quórum de 3/5 partes de la Cámara (72 diputados) y 3/5 partes del Senado (23 senadores). De estas 5 grandes propuestas la que tiene la mayor probabilidad de pasar por la Cámara es el sistema binominal corregido. La segunda propuesta con mayor probabilidad de pasar por el poder legislativo es el sistema mayoritario. Las restantes tres propuestas son improbables de pasar.

El binominal corregido tiene el apoyo de la UDI y RN. Si La Moneda tiene que hacer una reforma, el binominal corregido sería la mejor opción de RN y la segunda mejor opción de la UDI (tras status quo). En la Concertación el principal beneficiado sería el PDC. Mientras es improbable que otros partidos de la Concertación apoyen el proyecto, los diputados independientes pero cercanos a la Alianza (Isasi, Velázquez y Delmastro) también se sumarían, dado que podrían obtener importantes beneficios electorales con 30 escaños adicionales.

Por su parte, los principales beneficiados de un sistema mayoritario serían la UDI, el PDC y el PS–los partidos más grandes del país. El PPD también podría estar de acuerdo con este proyecto. Por su parte, RN y el PRSD tendrían mayores dificultades para competir con otros partidos en distritos uninominales, por lo que estarían en contra. Los independientes, en cambio, estarían a favor de sistemas uninominales porque derrumba las barreras de entrada a caudillos locales que tiene el sistema binominal.

El sistema proporcional tiene poca llegada en los partidos de la Alianza. La Concertación, en cambio, estaría a favor de adoptar cualquier sistema electoral más proporcional que el binominal. Lo mismo va para los diputados del PCCH, del PRI y el PRO.

Finalmente los sistemas paralelos y compensatorios también serían rechazados por la Alianza–y aprobados por la Concertación–por su efecto proporcional. Pero encontrarían apoyo entre los diputados independientes (por tener distritos uninominales) y los diputados comunistas (por tener listas proporcionales).

Ahora bien, para reformar la Ley, también es necesario contar con el voto de al menos 23 senadores. Según la lógica expuesta arriba, la propuesta con mayor probabilidad de pasar por el Senado es el sistema binominal corregido (tendría 25 votos). La segunda propuesta con mayor probabilidad de pasar por el Senado es el sistema mayoritario (tendría 24 votos). Y al igual que el resultado de la simulación en la Cámara, las restantes tres propuestas son improbables de pasar.

Mi opinión es que el mejor sistema electoral para Chile sería un sistema mayoritario. Primero, porque obliga a un redistritaje. Esto naturalmente conlleva una disminución en la desproporcionalidad entre la cantidad de votantes inscritos en cada distrito y la cantidad de escaños disponibles por distrito que genera el sistema binominal. Con un sistema mayoritario con unidades electorales de 1 legislador, todos los distritos tendrán la misma cantidad de gente representada por 1 Diputado y 1 Senador.

Segundo, porque mantiene la estabilidad política. Se mantendrán las coaliciones porque los partidos tendrán incentivos para repartirse candidaturas a través del país. Dado que el redistritaje aumentará la cantidad de escaños disponibles, todos los partidos tendrán una alta probabilidad de nominar buena parte de sus políticos como candidatos. Además, el sistema mayoritario eliminará la particular distorsión del binominal de premiar a los segundos mejores.

De este modo, si el gobierno de Piñera pretende hacer una reforma electoral, mi opinión es elegir un sistema que represente un cambio al binominal pero que a la vez sea legislativamente viable. Entre las opciones binominal corregido y sistema mayoritario, solo el segundo cumple los requisitos. Si bien ambas propuestas son coherentes con la posición política de la Alianza, el binominal corregido es simplemente continuidad, mientras que el uninominal es un verdadero cambio.

El Legado de Piñera

A casi un año y medio de que asumió el actual gobierno, no sabemos cuál va ser el legado de Sebastián Piñera. En este artículo especulo sobre dos posibles alternativas. Una alternativa es la reforma a la educación; otra alternativa es la reforma al sistema electoral. Mientras es casi seguro que la primera está destinada a fracasar (por no estar en sincronía con el gobierno de Piñera), la segunda puede ser una de las obras más trascendentes del futuro de Chile.

Un legado es el sello de un Presidente. Es la misión primaria de la administración. Es el recuerdo que el gobierno deja en la mente de la gente. Un legado puede ser positivo o negativo. En cuanto a su trascendencia política, un legado positivo puede significar una exitosa reelección de la coalición del Presidente. En cambio, un legado negativo puede bien llevar a una masacre electoral en las urnas.

En Chile, es relativamente fácil identificar los legados de los presidentes desde el retorno de la democracia. Cuando Patricio Aylwin asumió el poder en Marzo de 1990, tomó mando de un país sin instituciones democráticas. Por eso fijó la tarea nacional en términos de “transición a la democracia”. Su gobierno definió un método de negociaciones y acuerdos llamado la “democracia de los consensos”.

Los avances del gobierno de Aylwin en materias políticas ayudaron a crear una base estable para el siguiente gobierno. Por eso Eduardo Frei tuvo relativa facilidad en maximizar las prospectivas económicas (al menos hasta 1997). Si bien el termino de su gobierno estuvo marcado por la crisis asiática, logró abrir el mercado chileno mediante la firma de importantes tratados de comercio alrededor del mundo.

La recesión económica hacia el termino del gobierno de Frei ayudó a identificar importantes carencias que se venían arrastrando en el país. Por eso Ricardo Lagos ofreció pavimentar el camino hacia el desarrollo. Y eso hizo. Construyó carreteras, puentes y túneles a lo largo y ancho del país. Paralelamente, trabajó en la modernización del Estado, adaptando las herramientas vetustas del gobierno, a las demandas ciudadanas del siglo XXI.

Los gobiernos consecutivos de Aylwin, Frei y Lagos conformaron una exitosa secuencia para transformar un país autoritario en uno democrático. Por eso Michelle Bachelet vio la oportunidad de abrir los beneficios que habían construido los gobiernos anteriores a un mayor número de gente. Su gobierno se caracterizó por la inclusión social. Desde su estilo de liderazgo a sus políticas económicas. Su legado fue entregar alternativas y oportunidades a las clases más desprovistas.

Con la elección de Piñera en 2010, se acabó el ciclo de la Concertación. Y tal vez por ser el primer gobierno de derecha en 50 años, Piñera no ha podido alinear el objetivo de su gobierno con la trayectoria de los gobiernos anteriores. Los problemas que ha enfrentado durante la primera parte de su gobierno ha reducido significativamente la gobernabilidad de su administración, impidiéndolo de fijar una meta de consenso nacional.

Tras las movilizaciones estudiantiles, Piñera vio la oportunidad de hacer la reforma a la educación su gran legado. No se puede ignorar que La Moneda ha hecho un importante esfuerzo para buscar un acuerdo con los estudiantes. Pero cuando se presentó la propuesta del gobierno (GANE), y fue rápidamente rechazada por los estudiantes, Piñera comenzó a dudar que la educación sería su gran legado. La distancia entre los objetivos de los estudiantes y la disposición del gobierno es simplemente demasiado amplia.

Si Piñera desea mantener su estatus de Presidente de derecha, cualquier tipo de acuerdo entre La Moneda y los estudiantes será mediocre. Y si Piñera quiere pasar a la historia, o al menos reelegir su coalición al poder en 2013, no lo podrá hacer con un legado mediocre. Por eso creo que el legado de Piñera reside en otro lugar. Creo que el mejor legado que puede aspirar Piñera es reformar el sistema político.

Cambiar las leyes electorales tiene un impacto significativo en la forma en que se hace política. Una reforma de fondo al sistema binominal puede consolidarse en un cambio substancial del comportamiento de los actores políticos. Piñera puede pasar a la historia como el Presidente de derecha que abolió el último enclave autoritario de Pinochet. Puede revindicar a la derecha como una coalición democrática.

Esto se puede hacer relativamente fácil y rápido. Los votos están disponibles en el poder legislativo. Cualquier proyecto de reforma electoral que ofrezca Piñera tendrá que ser bienvenido por los partidos de la Concertación. Tras una lucha de 20 años para cambiar las reglas electorales en la Constitución, no podrán rechazar una propuesta de Piñera. Por eso no es ni necesario levantar un proyecto atractivo, solo debe ser un proyecto de cambio.

Hasta el momento, Piñera tiene la vara alta. La sincronización y efectividad de los legados positivos de los gobiernos de la Concertación lo están presionando a recapacitar sobre la profundidad de su propio legado. Una reforma mediocre a la educación no lo pondrá a la altura de los legados anteriores, y le costará en las urnas. En cambio, una reforma al sistema electoral lo dejará en una inmejorable posición para ser declarado el padre del Chile del futuro.