Reforma Electoral Gradual: Mala Estrategia

La semana pasada ProyectAmérica (PA) y el Centro Democracia y Comunidad (CDC) presentaron su propuesta de reforma electoral. El objetivo general de la propuesta es instalar la igualdad del voto, mejorar la representatividad, fortalecer la gobernabilidad y aumentar la competencia. A primera vista la propuesta parece ser un aporte positivo y un proyecto políticamente viable. Responde a los criterios básicos exigidos por los partidos de la Alianza, y apunta a mejorar los aspectos del sistema electoral que han sido constantemente criticados por la Concertación desde los noventas.

Pero una mirada más crítica nos muestra todo lo contrario. La propuesta tiene tantos problemas de viabilidad como de finalidad.

El primer problema es la estrategia de dos fases que propone para lograr su objetivo:

La primera fase considera el término del binominal por la vía de aumentar el número de escaños y el número de candidatos en base a una proporcionalidad de base regional, sin redistritaje. La segunda fase considera un nuevo cálculo de las proporciones exactas de los distritos a través de un redistritaje basado en el Censo de 2012, que deberá ser elaborado antes de la elección parlamentaria de 2017.

El problema con esta estrategia es que lo más probable es que la reforma se detenga tras implementar la primera fase. En un artículo anterior mostré que dentro de los partidos de la Alianza, solo RN estaba dispuesto a negociar cambios al sistema binominal. Pero el cambio más drástico propuesto por RN es solo aumentar el número de legisladores electos por distrito y circunscripción. Esto es consistente con la primera fase propuesta por PA y el CDC. De hecho demasiado consistente. Tanto la propuesta de RN como la de PA y el CDC proponen aumentar el número de diputados electos en 30 (de 120 a 150) y el número de senadores electos en 12 (de 38 a 50). Es decir, tras la primera fase, es difícil esperar que los partidos de la Alianza estén dispuestos a continuar la reforma propuesta en la segunda fase. Cuestiono seriamente la viabilidad de una reforma electoral que en su primera fase permita a la Alianza entregar el 100% de su oferta.

Este cuestionamiento es aun más nitido al mirar la disposición política de los partidos al momento de reemplazar el sistema binominal. En un artículo anterior mostré que la probabilidad de ver un proyecto de reforma electoral que incluya un sistema proporcional pasar por el Congreso es muy baja. En mi simulación de una votación de 5 proyectos de reformas electorales (sistema binominal corregido, sistema mayoritario, sistema mixto compensatorio, sistema mixto paralelo, sistema proporcional) encontré que solo pasaría un sistema binominal corregido o un sistema mayoritario. Dado que la primera fase de la propuesta de PA y el CDC es solo una corrección al sistema binominal, es natural anticipar que sea aceptada por los partidos de la Alianza (al menos RN). Es decir, dentro del rango de propuestas a reformas al sistema electoral, los partidos de la Alianza no estarían dispuestos a apoyar un proyecto que contemple representación proporcional de cualquier tipo.

El segundo problema es sobre la segunda fase propuesta por PA y el CDC. Si bien estoy de acuerdo con que el sistema binominal es poco competitivo y poco proporcional y que es necesario un redistritaje y una compensación territorial adecuada, creo que el método propuesto en el proyecto no es el mejor. Tal vez es el más viable, porque implica menos cambios (y por ende menos escollos improvistos al momento de legislar), pero no es el mejor para incorporar más competencia y proporcionalidad en el sistema. De hecho, el único gran cambio de esta propuesta es redistritar de acuerdo al censo de 2012. Eso implicaría que cada distrito y circunscripción estarían eligiendo un número de legisladores proporcional al tamaño de su población, relativo al resto de las unidades electorales en el país. Adoptar esta reforma implica omitir otros métodos de lograr lo mismo (más competencia y más proporcionalidad) pero de mejor manera.

Por ejemplo, en vez de mantener la fórmula electoral d’Hondt (que es actualmente usado para elecciones legislativas y de concejales), se podría contemplar adoptar la fórmula electoral Sainte-Laguë. Ambas son fórmulas (de método de promedio mayor) utilizadas en sistemas donde compiten múltiples partidos en múltiples listas por múltiples escaños. La diferencia es que mientras la fórmula d’Hondt usa como divisor números enteros de forma continua (1, 2, 3, 4, etc), la fórmula Sainte-Laguë usa como divisor solo números impares (1, 3, 5, 7, etc). El efecto es que el primero favorece a los partidos más grandes, mientras que el segundo es estrictamente proporcional. Incluso con múltiples partidos compitiendo en el sistema, es probable que bajo la fórmula d’Hondt el partido con la mayoría de votantes obtenga al menos la mitad de los escaños. Mi punto es que si el objetivo de la reforma electoral es aumentar la proporcionalidad se podrían contemplar métodos alternativos para distribuir los escaños.

Mi problema con la propuesta de PA y el CDC es tanto su viabilidad como su finalidad. Es poco viable que el proyecto pase por ambas fases. Lo más probable es que se logre aprobar la primera fase de aumentar el número de legisladores electos, y que previo a pasar a la segunda fase se congele de forma indefinida. Además, si la intención de PA y CDC es incorporar más competencia y proporcionalidad al sistema sugiero buscar alternativas a la fórmula electoral d’Hondt. Sainte-Laguë es mi favorita, pero existen otras que se insertarían bien dentro de la realidad chilena, como los de método de resto menor Hare quota, Droop quota o Imperiali quota. O si se decide mantener la fórmula actual, bien se podría considerar la viabilidad de crear una lista nacional para corregir las distorsiones que provoca.

Mi propuesta se aleja bastante de la de PA y CDC. En un artículo anterior argumenté que una reforma electoral gradual es una mala estrategia para un sistema de partidos congelado. Lo más probable es que proyectos de reforma electoral gradual se estaquen de forma permanente en el Congreso. Desde mi perspectiva, creo que una reforma electoral debe incluir todas las reformas que alguna vez se piensen hacer. Es decir, el proyecto de reforma electoral debe ser definitivo e inclusivo. Debe comprender el tipo de sistema (uninominal, binominal, proporcional), el método de registro (inscripción automática, inscripción voluntaria), las carácter del voto (voto voluntario, voto obligatorio), los aspectos geográficos (mantener distritos actuales, redistritar) y el número de legisladores a elegir. Avanzar hacia una reforma electoral de forma gradual no ha sido una buena estrategia en los últimos 20 años. Sería mucho más fructífero para la democracia ver los enclaves autoritarios eliminados de una buena vez.

Una Reforma Electoral Mediocre

La semana pasada me invitaron a firmar una carta apoyando la inscripción automática. La firmé y fue publicada en El Mercurio y en El Dínamo. El objetivo de la carta fue presionar a la clase política para formalizar el traspaso de la antigua forma de registro electoral (inscripción voluntaria) a la nueva forma de registro electoral (inscripción automática). Entre las 108 personas quienes firmaron la carta, hubo quienes la apoyaron pensando en el voto obligatorio y quienes la apoyaron pensando en el voto voluntario.

En una carta de réplica, Mauricio Morales argumentó que cualquier tipo de apoyo a una inscripción automática sería por defecto un apoyo al voto voluntario:

… los firmantes omiten el artículo 15 de la Constitución (actualizada a octubre de 2009): “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”. Es decir, que en caso de regir la inscripción automática, el voto será voluntario.

Morales tiene razón. En el fondo, la carta es un apoyo a la inscripción automática con voto voluntario (IAVV). Es decir, no hay forma alguna en que los firmantes que apoyan la inscripción automática con voto obligatorio (entre ellos yo) tengan la posibilidad de ver su preferencia de registro electoral materializarse. Al menos que exista una segunda reforma constitucional al artículo 15 (lo cual es altamente improbable), el voto en las próximas elecciones será voluntario.

Sin embargo, sabiendo esto de antemano, decidí firmar la carta de todos modos. Principalmente porque apoyo la inscripción automática en cualquier caso. Mientras creo que voto obligatorio sería su mejor combinación, también porque creo que el voto voluntario podría ser bueno bajo el sistema electoral actual. Un registro electoral de IAVV bajo el sistema binominal incorporaría un algo de incertidumbre a elecciones altamente predecibles.

Pero al largo plazo la IAVV no es una solución viable. Simples estudios de patrones de voto permitirán a los candidatos sistematizar sus campañas, lo que eventualmente volverá a estancar el sistema político. Es decir, un voto voluntario puede hacer poco para permanentemente instalar competencia en las elecciones. La combinación entre voto voluntario y sistema binominal tiene sentido a corto plazo, pero no logra resolver los problemas de fondo.

Si realmente existe un debate genuino sobre una reforma al sistema electoral, es importante tomar en cuenta todos los aspectos de la reforma. Es común ver errores de policy makers al reformar políticas de manera gradual. Muchas veces las etapas de los proyectos no son compatibles entre sí. Lo mismo sucede con la implementación de sistemas electorales. Es crucial tomar en cuenta todas las características y combinaciones para determinar sus potenciales efectos.

Por eso es imperativo que cualquier proyecto de reforma electoral revise con atención toda combinación de reglas electorales. Ya existe un debate sobre el efecto de la IAVV sobre el binominal. Pero no existe un debate de su compatibilidad con otros tipos de sistema electoral. ¿Cuál es el efecto de la IAVV sobre un sistema uninominal? ¿Cuál es el efecto de la IAVV sobre un sistema proporcional?

No tomar en cuenta el efecto del método de registro electoral es en todo sentido contraproducente.

Mi propuesta es que la IAVV se condicione al sistema binominal, por ahora. Y cuando la clase política finalmente decida (si es que decide) cambiar el sistema electoral, recién se discuta cuál es la forma de registro más compatible con el sistema-a-adoptar. Soy partidario de otorgarle más competencia al binominal por medio de la implementación de la IAVV, siempre y cuando se vuelva a discutir el método de registro al momento de la reforma electoral permanente.

Entonces, desde mi punto de vista, el cambio transitorio implica adoptar la IAVV para todas las elecciones que se lleven a cabo bajo el actual sistema binominal. Asimismo, el cambio permanente implicar volver a discutir el método de registro.

Lo más probable, sin embargo, es que la reforma sea una mediocre. Es improbable que los legisladores estén dispuestos a modificar la ley electoral dos veces consecutivas, aunque objetivamente sea la mejor forma (dado las condiciones) de potenciar la calidad de la democracia. En cambio, sí van a estar dispuestos a legislar para ganar pequeñas batallas en la opinión pública. Aprobar la IAVV de forma transitoria tiene sentido; instalarlo como el método permanente no.

Replica a “Salvemos la Democracia: ¡Inscripción Automática Ahora!”

Esta es la transcripción de una carta de replica de Mauricio Morales, a una carta que firmé (y que fue publicada en El Mercurio y en El Dínamo) junto a 107 otros académicos, actores sociales y líderes de opinión apoyando la inscripción automática para votar en elecciones de Chile. La recibí directamente de Morales por e-mail, el Miércoles 19 de Octubre de 2011.

En una declaración firmada por una serie de académicos y personeros del mundo público el día 17 de octubre de 2011 y expuesta en el diario electrónico El Dínamo (www.eldinamo.cl), se alega a favor de la inscripción automática en los registros electorales de todos los chilenos de 18 años y más. Estoy plenamente de acuerdo con la medida, no así con la información suministrada y el enfoque analítico de la declaración.

En primer lugar, la declaración es imprecisa al señalar que “en la Constitución existe la inscripción automática desde abril de 2009, pero en la práctica seguimos teniendo la obligación de inscribirnos en un registro disponible en ciertos lugares, en ciertos días y cierto horario” (El destacado es mío). Si bien la Ley Nº 20.337 publicada en el Diario Oficial el 4 de abril de 2009 instituye la inscripción automática y el voto voluntario, no es cierto que hoy los chilenos (sin que entre aún en vigencia la inscripción automática) tengamos la obligación de inscribirnos. En el régimen electoral previo, es decir, sin inscripción automática, dicha obligación era inexistente. La inscripción, en consecuencia, era voluntaria. Si la inscripción hubiese sido obligatoria, jamás tendríamos un volumen de más de 4 millones de no inscritos.

En segundo lugar, la discusión respecto a la obligatoriedad o voluntariedad del voto está intrínsecamente relacionada con el tipo de inscripción. Es imposible apoyar la inscripción automática sin tener posición en torno a si el voto será obligatorio o voluntario. Es como aceptar una oferta de viaje sin saber cuál será su destino. Ahora bien, los firmantes omiten el artículo 15 de la Constitución (actualizada a octubre de 2009): “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”. Es decir, que en caso de regir la inscripción automática, el voto será voluntario. Las dos condiciones (inscripción automática y voto voluntario) están presentes en la reforma. Apoyar hoy la inscripción automática, también implica respaldar el voto voluntario.

Personalmente, creo que un sistema que combine inscripción automática y voto voluntario es mejor que un régimen electoral con inscripción y voto prácticamente voluntarios (como el que existía previo a la reforma debido a la baja aplicabilidad de sanciones para los inscritos que no votaban y que tampoco daban aviso oportuno a Carabineros). Con inscripción automática y voto voluntario los ciudadanos podrán decidir hasta última hora si van o no a votar y, adicionalmente, dicha decisión será acompañada por la efervescencia de las campañas electorales, cuestión imposible con el sistema de inscripción voluntaria donde los registros cerraban antes que los candidatos desplegaran plenamente sus campañas. Quiero subrayar, eso sí, que el mejor régimen electoral para Chile es el de inscripción automática y voto obligatorio. Generalmente, en los sistemas de voto voluntario hay menos participación y/o las desigualdades económicas se transforman en desigualdades políticas, pues los más ricos tienden a votar más que los pobres. Sobre el primer punto se dirá que las encuestas muestran una alta predisposición a votar con voto voluntario. El problema es que estamos frente a una simulación (del dicho al hecho hay mucho trecho). No obstante, si más gente está dispuesta a votar con inscripción automática y voto voluntario, lo que se nos dice es que ese régimen electoral es mejor que un sistema de inscripción y voto prácticamente voluntarios. Entonces, podemos suponer que la participación con un sistema de inscripción automática y voto obligatorio sería aún mayor. Esto sería saludable para la democracia siempre y cuando se combine con un sistema electoral que estimule la competencia. De nada sirve modificar el régimen electoral si los índices de competencia política se mantienen inalterables. Incluso, esto puede ser venenoso para la democracia. Es decir, un sistema sin competencia y donde sea voluntario asistir a las urnas. Pocos irán a votar. Sobre lo segundo, alguien podrá discutir que los ricos siempre han votado más que los pobres. Al menos eso es lo que se desprende de análisis agregados a nivel comunal y de encuestas de opinión. El punto está en lo siguiente. Si tenemos claro que este problema ya se produce con un régimen de inscripción voluntaria y voto también prácticamente voluntario, entonces lo que debiésemos hacer es implementar una reforma que corrija dicho problema, no que lo agudice. Suponemos que la combinación de inscripción automática y voto voluntario no corregirá el problema. Por tanto, la solución pasa por otro camino que ya parece cerrado: voto obligatorio.

En tercer lugar, creo que es discutible uno de los supuestos de la declaración en torno a que los no inscritos se comportarían políticamente distinto a los inscritos. De acuerdo a los firmantes, el hecho de que los no inscritos voten generaría mayor incertidumbre en la elección y, por tanto, los partidos tendrían cierto resquemor a respaldar la inscripción automática debido al ingreso de nuevos votantes. En consecuencia, el hecho de bloquear la inscripción automática sería una señal de mezquinos cálculos electoralistas por parte de dirigentes y asesores partidarios. Todos ellos estarían pensando en arrastrar más agua a su molino y no, necesariamente, en buscar el mejor régimen electoral para Chile. El punto está en lo siguiente. Como muestra un estudio de 2008 realizado por uno de los firmantes (Patricio Navia), los inscritos y no inscritos tienen predisposiciones políticas similares particularmente en términos de identificación ideológica, cuestión que se reproduce para datos más actualizados. En algunas encuestas, eso sí, los no inscritos aparecen levemente más cargados hacia la izquierda, pero con mayores niveles de desafección con partidos y coaliciones. Si bien la discusión está abierta sobre este punto considerando los últimos acontecimientos sociopolíticos que involucran a jóvenes, no está demás subrayar que la entrada de nuevos votantes no es, necesariamente, una amenaza para los partidos vigentes. Claro, genera mayor incertidumbre, pero mientras no se modifiquen las reglas del juego (sistema electoral), probablemente los cambios no sean tan visibles.

En definitiva, me parece del todo razonable presionar por la aplicación de la inscripción automática. Pero hay que ser honestos en señalar que dicha presión también implica aceptar el voto voluntario. Junto a este debate, ciertamente, habría que reflotar la discusión en torno al cambio del sistema electoral. Me encantaría que más firmantes pudieran clamar por ese cambio que, de concretarse, sí podría hacer variar dos dimensiones claves de la democracia: participación y competencia.

Salvemos la Democracia: ¡Inscripción Automática Ahora!

Esta es la transcripción de una carta que firmé, junto a 107 otros académicos, actores sociales y líderes de opinión apoyando la inscripción automática para votar en elecciones de Chile. Fue publicada en El Mercurio y en El Dínamo, el Lunes 17 de Octubre de 2011.

Chile tiene en la actualidad uno de los sistemas de registro electoral más extraños del mundo: en la Constitución existe la inscripción automática desde abril de 2009, pero en la práctica seguimos teniendo la obligación de inscribirnos en un registro disponible en ciertos lugares, en ciertos días y cierto horario.

Si todos los sectores políticos manifestaron su voluntad de eliminar esta verdadera barrera a la entrada a la participación política, ¿qué pasa que la inscripción automática hoy no está vigente? Se requiere de una ley que la implemente. Los responsables han aludido la dificultad técnica de incorporar parte importante de los no inscritos al padrón automático. De esta manera se pone en riesgo su implementación para las elecciones municipales del 2012 y presidenciales – parlamentarias 2013.

El resultado del actual sistema: después de 21 años de democracia, más del 90% de los mayores de 45 años votan, pero sólo el 20% de los menores de 30 años lo hace.

Chile tiene la capacidad de acelerar el proceso y cumplir lo señalado en la reforma. Lamentablemente la inscripción automática significa para muchos representantes mayor incertidumbre respecto de su propio resultado electoral, escenario que prefieren evitar. El incentivo pareciera estar en dejar las cosas como están, mientras se sigue debilitando la representatividad de nuestra democracia.

Los firmantes de esta carta, formando parte de un movimiento ciudadano transversal, no buscan una ventaja electoral para un partido o sector político determinado. Del mismo modo tienen visiones distintas respecto del debate de fondo sobre la voluntariedad u obligatoriedad del voto. Entre ellos también existen diferencias respecto de las otras modificaciones que requiere nuestra democracia. Aun así, todos coinciden en que el estado actual sólo consolida un padrón estrecho y avejentado a la vez que augura menos competencia y participación electoral; la inscripción automática es paso esencial y prioritario para revertir la crisis de representatividad.

Por lo anterior, especialmente en un año en el cual la juventud se ha tomado la calle para expresar su deseo de incorporarse al debate público, se hace urgente que los actores políticos cumplan su compromiso. Sabemos que nuestras instituciones públicas son capaces en corto plazo de salvar las barreras técnicas que implica este desafío. Lo que demandamos es la voluntad política para que esta reforma se haga operativa antes de las próximas elecciones municipales. Estamos contra el tiempo y no podemos esperar un día más.

A través de esta carta y los abajo firmantes exigimos al Gobierno, Congreso y Partidos Políticos que discutan con urgencia inmediata la legislación que permite la pronta implementación de la inscripción automática.

Fue firmada por: Sebastián Iglesias, Cristóbal Bellolio, Sebastián Bowen, Claudio Fuentes S., Jaime Bellolio, Marcela Ríos, Robert Funk, José Francisco García, Tomás Chuaqui, Lucia Dammert, Francisco Javier Díaz, Patricio Navia, Jorge Navarrete, Juan Pablo Luna, Nicolás Grau, Mauricio Dorfman, Humberto Sichel, Felipe Heusser, Marcelo Brunet, Luis Felipe Merino, Rodrigo Castro, Danae Mlynarz, Eugenio Guzmán, Cristobal Aninat, Lucas Sierra, Oscar Landerretche, Julio Pertuzé, Alejandro Micco, Stephanie Alenda, Andrés Valdivia, Claudia Heiss, Daniel Hojman, Aldo Schiappacasse, Juan Pedro Pinochet, Claudia Sanhueza, Eduardo Engel, Javier Couso, Andrea Betancor, Aldo González, Andrés Azocar, Camilo Ballesteros, Cecilia Castro, Sebastián Cantuarias, Gonzalo Müller, Consuelo Saavedra, Ángel Soto, Vlado Mirosevic, Jorge Contesse, Gonzalo de la Maza, Sergio España, María de los Ángeles Fernández, Pedro Glatz, Cristóbal Huneeus, Alex Godoy, Alejandra Jorquera, Soledad Teixidó, Marcelo Mena, Claudio Castro, Juan José Ossa, Rodrigo Jordán, Matias Asún, Daniel Manoucheri, Rodrigo Guendelman, Fernando Paulsen, Claudio Agurto, Luis Argandoña, Davor Mimica, Javier Sajuria, Alfredo Joignant, José Miguel Benavente, Rolando Jiménez, Monserrat Nicolás, Carlos Correa, María Gracia Subercaseaux, Roberto Méndez, Kenneth Bunker, Andrea Repetto, Harald Beyer, Camilo Feres, Cristina Bitar, Felipe Melo, Elisa Zuleta, Axel Káiser, Andrés Kalawski, Diego Schalper, Gloria De La Fuente, Pamela Díaz-Romero, Manuel Antonio Garretón, Matías del Río, Juan Carlos Eichholz, José Viacava, Pablo Ruiz-Tagle, Patricia Politzer, Sergio Micco, Kenzo Asahi, Leo Prieto, Patricio Fernández, Max Colodro, Cristóbal Tello, Cristóbal Yurazseck, Javier Fano, Esperanza Cueto, Javier Sanfeliú, Pablo Lira, Juan Manuel Astorga, Andrea Sanhueza, Rossana Castiglioni, Francisco Javier Urbina, María Olivia Recart, David Altman.

Viabilidad Legislativa de una Reforma Electoral

Los últimos sucesos–las movilizaciones y los bajos índices de popularidad presidencial–han puesto a La Moneda en jaque. A dos años de la próxima elección presidencial, el presidente aún no ha logrado consolidar a su gobierno. No está claro cuál va ser la gran contribución del cuatrienio de Piñera. En un artículo anterior, sugerí que una buena opción sería una reforma electoral.

Sin embargo, una reforma iría en contra de la posición política que han manifestado los partidos de la Alianza desde el retorno de la democracia. Mientras su objetivo ha sido preservar el sistema binominal, la Concertación ha empujado por un cambio. Mientras la Alianza ha insistido en la virtud de estabilidad que entrega el binominal, la Concertación ha criticado su desproporcionalidad.

Por eso fue una sorpresa cuando un proyecto de reforma electoral (Boletín 7417-07) ingresó con la firma de un diputado UDI. Esta sorpresa se transformó en expectativa cuando La Moneda anunció la intención de explorar alternativas al sistema electoral. Si bien este debate ha levantado esperanza, mi sugerencia es mantener la calma. Lo más probable es que todo siga igual.

Según el cientista político David Altman, existen 5 grandes propuestas de cambio al sistema electoral.

  1. Sistema Binominal Corregido: Mantener sistema binominal, pero agregar escaños. Se baraja aumentar la Cámara de Diputados de 120 a 150 y el Senado de 38 a 50.
  2. Sistema Mayoritario: Reemplazar el sistema binominal por un sistema uninominal. Esto implica un redistritaje nacional.
  3. Sistema Proporcional: Reemplazar el sistema binominal por un sistema proporcional puro. Este se asimila al que existía en Chile previo a 1973. Esto implica aumentar la cantidad de escaños por distrito.
  4. Sistema Mixto Paralelo: Instalar un sistema de elección paralelo, donde una parte de los legisladores son electos en distritos uninominales y otra parte de los legisladores son electos por listas proporcionales regionales.
  5. Sistema Mixto Compensatorio: Instalar un sistema de elección mixto paralelo, pero con un vínculo directo entre ambos sistemas para mantener la proporcionalidad.

Para efectuar cualquier cambio importante a la Ley electoral, la Constitución establece que se necesita un quórum de 3/5 partes de la Cámara (72 diputados) y 3/5 partes del Senado (23 senadores). De estas 5 grandes propuestas la que tiene la mayor probabilidad de pasar por la Cámara es el sistema binominal corregido. La segunda propuesta con mayor probabilidad de pasar por el poder legislativo es el sistema mayoritario. Las restantes tres propuestas son improbables de pasar.

El binominal corregido tiene el apoyo de la UDI y RN. Si La Moneda tiene que hacer una reforma, el binominal corregido sería la mejor opción de RN y la segunda mejor opción de la UDI (tras status quo). En la Concertación el principal beneficiado sería el PDC. Mientras es improbable que otros partidos de la Concertación apoyen el proyecto, los diputados independientes pero cercanos a la Alianza (Isasi, Velázquez y Delmastro) también se sumarían, dado que podrían obtener importantes beneficios electorales con 30 escaños adicionales.

Por su parte, los principales beneficiados de un sistema mayoritario serían la UDI, el PDC y el PS–los partidos más grandes del país. El PPD también podría estar de acuerdo con este proyecto. Por su parte, RN y el PRSD tendrían mayores dificultades para competir con otros partidos en distritos uninominales, por lo que estarían en contra. Los independientes, en cambio, estarían a favor de sistemas uninominales porque derrumba las barreras de entrada a caudillos locales que tiene el sistema binominal.

El sistema proporcional tiene poca llegada en los partidos de la Alianza. La Concertación, en cambio, estaría a favor de adoptar cualquier sistema electoral más proporcional que el binominal. Lo mismo va para los diputados del PCCH, del PRI y el PRO.

Finalmente los sistemas paralelos y compensatorios también serían rechazados por la Alianza–y aprobados por la Concertación–por su efecto proporcional. Pero encontrarían apoyo entre los diputados independientes (por tener distritos uninominales) y los diputados comunistas (por tener listas proporcionales).

Ahora bien, para reformar la Ley, también es necesario contar con el voto de al menos 23 senadores. Según la lógica expuesta arriba, la propuesta con mayor probabilidad de pasar por el Senado es el sistema binominal corregido (tendría 25 votos). La segunda propuesta con mayor probabilidad de pasar por el Senado es el sistema mayoritario (tendría 24 votos). Y al igual que el resultado de la simulación en la Cámara, las restantes tres propuestas son improbables de pasar.

Mi opinión es que el mejor sistema electoral para Chile sería un sistema mayoritario. Primero, porque obliga a un redistritaje. Esto naturalmente conlleva una disminución en la desproporcionalidad entre la cantidad de votantes inscritos en cada distrito y la cantidad de escaños disponibles por distrito que genera el sistema binominal. Con un sistema mayoritario con unidades electorales de 1 legislador, todos los distritos tendrán la misma cantidad de gente representada por 1 Diputado y 1 Senador.

Segundo, porque mantiene la estabilidad política. Se mantendrán las coaliciones porque los partidos tendrán incentivos para repartirse candidaturas a través del país. Dado que el redistritaje aumentará la cantidad de escaños disponibles, todos los partidos tendrán una alta probabilidad de nominar buena parte de sus políticos como candidatos. Además, el sistema mayoritario eliminará la particular distorsión del binominal de premiar a los segundos mejores.

De este modo, si el gobierno de Piñera pretende hacer una reforma electoral, mi opinión es elegir un sistema que represente un cambio al binominal pero que a la vez sea legislativamente viable. Entre las opciones binominal corregido y sistema mayoritario, solo el segundo cumple los requisitos. Si bien ambas propuestas son coherentes con la posición política de la Alianza, el binominal corregido es simplemente continuidad, mientras que el uninominal es un verdadero cambio.

Alcaldes 2012: Simulación de Resultados

Estoy diseñando un algoritmo para simular el resultado de las elecciones municipales de 2012 antes que se celebren. Frente a la restricción de datos y las distorsiones que crean las reglas electorales para la elección de concejales, me enfoco solo en la elección de alcaldes. El objetivo de la simulación es tratar de predecir el resultado de la elección en las comunas en las cuales se enfrentará un candidato de la Alianza con un candidato de la Concertación. Para esto, presumo dos cosas:

  1. Las comunas tienen características locales que determinan la dirección y la intensidad del voto. Algunas comunas tienen una predisposición–latente o evidente–de votar por un candidato de una determinada coalición.
  2. Las comunas tienen características nacionales que determinan la dirección y la intensidad del voto. Mareas de tendencias políticas nacionales curvan tendencias locales.

La idea de la simulación es incorporar ambas presunciones. El primer paso es identificar el efecto de las caracteristicas locales sobre el resultado de elecciones anteriores. Para determinar su efecto, construí el índice de tendencia política local (ITPL). La idea tras este índice es mostrar que existen ciertos patrones de voto por comuna. Es decir, basado en el comportamiento electoral de cada comuna identifico la predisposición subyacente para preferir una cierta coalición por sobre la otra.

Ver el ITPL para las 345 comunas del país aquí.

El segundo paso es identificar el efecto de tendencias políticas nacionales en cada comuna. Mientras el ITPL representa la línea base de comportamiento electoral comunal, no incluye el efecto de hechos políticos contingentes. Si bien una comuna puede tener una alta tendencia política de votar por candidatos de la Alianza, fenómenos políticos pre-electorales pueden curvar esta tendencia significativamente. Para calcular este efecto uso el indicador único de tresquintos.

Ver cómo se construye el indicador único de tresquintos aquí.

El tercer paso es ponderar el efecto que tiene la marea nacional por sobre el ITPL. Para esto uso una regresión lineal para determinar en qué comunas el efecto nacional es mayor. Basado en las características demográficas y políticas de cada comuna se puede calcular cuáles tienen una mayor tendencia a seguir la marea nacional y cuáles son más resistentes. Ciertas comunas son duras (votan con la misma intensidad por su preferencia base en todas las elecciones), mientras otras son blandas (la intensidad de su voto varía de acuerdo a las mareas nacionales).

Índice de Tendencia Política Local

En los siguientes cuadros muestro tendencias políticas locales. Muestro las comunas en que es más probable que gane un candidato de la Alianza, muestro las comunas en que es más probable que gane un candidato de la Concertación, y muestro las comunas que serán las más disputadas. Estas probabilidades están reflejadas por el Índice de Tendencia Política Local (ITPL).

Para crear el ITPL, seguí el método de Cook. La idea fue usar datos de las dos elecciones municipales anteriores para determinar si las comunas presentan ciertas tendencias políticas locales. Para obtener el índice, calcule el promedio de votos de cada coalición en 2004 y 2008 en las 345 comunas. Luego, calcule la diferencia entre el promedio de cada coalición para cada elección. Finalmente usé el diferencial como indicador de la ventaja promedio de una coalición sobre la otra.

Por ejemplo, un indice C+43 significa que en esa comuna la Concertación tiene una ventaja promedio de 43% sobre la Alianza, controlando por los resultados electorales de las últimas dos elecciones de Alcaldes (2004 y 2008). Asimismo, un índice A+30 significa que en esa comuna la Alianza tiene una ventaja promedio de 30% sobre la Concertación, controlando por los resultados electorales de las últimas dos elecciones de Alcaldes (2004 y 2008). Finalmente, un índice ET significa que existe un empate técnico en la comuna, dado que la ventaja de una coalición por sobre la otra no supera el 5%.

Comunas con un símbolo # son aquellas en que hubo un cambio en la coalción titular entre la elección de 2004 y 2008. Comunas con un símbolo * son aquellas en las cuales un candidato de la Alianza o de la Concertación no compitió en la elección de 2004 o 2008. Comunas con un símbolo ** son aquellas en las cuales hubo un cambio de Alcalde en el periodo 2008-2012. Las inferencias para estas tres tipos de comunas se deben hacer con una sana cautela.


La Irrelevancia Política del Crecimiento Económico

Teorías electorales muestran que hay una asociación entre la situación económica de un individuo y su intención de voto. Cuando una economía esta en recesión, los votantes tienden a castigar al gobierno titular en las urnas. Cuando una economía esta en un ciclo de alto crecimiento, los votantes tienden a premiar al gobierno titular en las urnas. Esta teoría es directamente aplicable al periodo que cae entre una elección y otra. Cuando hay leves shocks a la economía (e.g., alza en el precio del pan, o la bencina), los ciudadanos usan las encuestas para manifestar su bienestar o su descontento.

El siguiente gráfico muestra esta asociación.



El gráfico muestra que a medida que aumenta el crecimiento económico, aumenta la aprobación presidencial. Salvo casos específicos (Aylwin 1990, Frei 1994 y Bachelet 2009), existe una tendencia lineal entre las dos variables. Mientras los outliers de Aylwin y Frei están relacionados con la etapa de luna de miel que gozan los presidentes al recién inaugurar su periodos, el outlier de Bachelet esta relacionado con la particular cercanía de la Presidenta con los ciudadanos. Es decir, fuera de casos extremos, lo normal es que un buen ciclo económico conlleve a una alta aprobación presidencial.

Piñera es una excepción a esta teoría. El celebrado crecimiento económico de 2010 hizo poco para ayudar a Piñera en las encuestas. Mientras Chile pasa por un ciclo económico relativamente bueno, en comparación con la crisis económica mundial y con los periodos presidenciales anteriores, la popularidad del Presidente sigue bajando en las encuestas. La explicación directamente racional es que la teoría electoral es inversa para Piñera. Es decir, mientras mejor este la economía, mayor va ser la tendencia de los ciudadanos de castigar al Presidente.

Esto no puede ser cierto. Entonces, ¿por qué el crecimiento económico es políticamente irrelevante para Piñera?

Mi intuición es que si bien la economía es una variable fundamental para explicar popularidad presidencial, en el gobierno de Piñera hay variables más importantes. Esto es consistente con la evidencia. De hecho, el grueso de la variación de la aprobación presidencial se puede explicar por fenómenos políticos o sociales–no asociados a la economía. El rescate de los mineros, el mediático conflicto con Marcelo Bielsa, las protestas de HidroAysén y las marchas de los estudiantes por la educación han sido los principales determinantes de los ciudadanos a la hora de evaluar a Piñera.

El problema del gobierno es la incapacidad de detectar este problema. No importa lo bien que la economía este, Piñera seguirá siendo castigado por los ciudadanos si no corrige otras áreas de su administración. La personalidad empresarial del Presidente y la incapacidad de definir el objetivo central del cuatrienio de la Alianza están tras los bajos índices en las encuestas. La poco empatía del Presidente con la gente ha forjado una brecha entre el gobierno y los ciudadanos difícil de conectar. Y mientras la derecha no pueda definir su misión presidencial, difícilmente serán reconocidos por la gente como un buen gobierno.

Las continuas fallas logísticas del segundo piso y la manifiesta descoordinación entre La Moneda y la planilla parlamentaria de la Alianza son las principales causas de este problema. Mientras Piñera no re-estructure la forma de identificar los escollos en su camino, y no logre establecer un objetivo común con la disidencia de RN y la UDI, sus índices de popularidad seguirán cayendo. A un año de las elecciones municipales, el efecto de seguir con la misma estrategia podría ser devastadora. Perder en las elecciones locales es el primer paso para que la Concertación se posicione como la alternativa menos mala.

Pesos Pesados de la Concertación: ¿Candidatos en 2012 o 2013?

Las élites de los partidos ya están especulando sobre los efectos electorales que significaría para la Concertación llevar más de una lista para concejales. En este mismo espacio he escrito extensivamente sobre aquello. He reflexionado sobre los efectos de llevar dos, tres o cuatro listas. También he reportado la probabilidad de los partidos pequeños de distorsionar resultados electorales en contra de la Concertación. Pero fuera de la cantidad de listas, poco se ha discutido sobre otros aspectos de la elección. Entre ellos, las características de los candidatos que compondrían las listas para la elección de Alcaldes. Una idea es que la mejor forma de ganar la elección de 2012 es nominando a los “pesos pesados” de la Concertación como candidatos a Alcalde.

El objetivo sería ganar en las comunas más emblemáticas del país. Tiene sentido. Ocho de las diez comunas más con más votantes inscritos están en las manos de un Alcalde de la Coalición por el Cambio. Rodolfo Carter (UDI) esta en La Florida, Virginia Reginato (UDI) esta en Viña del Mar, Jorge Castro (UDI) esta en Valparaíso, Francisco De La Maza (UDI) esta en Las Condes , Manuel José Ossandón (RN) esta en Puente Alto, Pablo Zalaquett (UDI) esta en Santiago, Patricio Kuhn (UDI) esta en Concepción, Pedro Sabat esta en Nuñoa, y Miguel Becker (RN) esta en Temuco. Las dos otras comunas están bajo el mando de Alberto Undurraga (PDC) en Maipú y Marcela Hernando (Independiente) en Antofagasta.

Si la Concertación planea volver al poder en 2013, el primer paso es ganar las elecciones municipales. Y para ganar las elecciones municipales, es crucial hacer buenas campañas en las comunas más emblemáticas—precisamente las con más votantes. Primero, porque las comunas grandes representan importantes puntos de referencia para las elecciones en el resto del país. Por ejemplo, el resultado de una elección en La Florida arroja una tendencia bastante similar a los resultados de la elección a nivel nacional. Segundo, porque es una forma importante de declarar la victoria. Mientras que la Alianza obtuvo más votos que la Concertación en 2008, su golpe de gracia fue haber reportado y repetido en todos los medios su victoria en 8 de las 10 comunas más importantes.

Para evitar repetir esta derrota, algunos han propuesto nominar a los “pesos pesados” de la Concertación para desafiar a los titulares de la Coalición por el Cambio en la elección de Alcaldes de 2012. Por ejemplo, el ex-Senador Nelson Ávila (PRSD) podría levantar una candidatura en Valparaíso, para sacar a Castro. El ex-Ministro Jose Miguel Insulza (PS) podría levantar una candidatura en Las Condes, para sacar a De La Maza (UDI). El ex-Ministro Francisco Vidal (PPD) podría levantar una candidatura en Santiago para sacar a Zalaquett (UDI). El ex-Alcalde y ex-Ministro Francisco Huenchumilla (PDC) podría levantar una candidatura en Temuco, para sacar a Becker (RN). El ex-Senador Jaime Gazmuri (PS) podría levantar una candidatura en Talca, para sacar a Juan Castro (simpatizante UDI). Y el ex-Presidente Ricardo Lagos (PPD) podría levantar una candidatura en Providencia, para sacar a Cristian Labbé (UDI).

A primera vista parece una buena estrategia. Asumiendo que los “pesos pesados” se pondrían a la disposición de los intereses de la Concertación, su peso político aseguraría ganar en al menos la mitad de las 10 comunas mencionadas. Sin embargo, mi impresión es que no es una estrategia sensata. Los bajos índices de apoyo de Piñera en las encuestas ya tienen la marca de la Colación por el Cambio devaluada. Además, anticipo que el efecto de las marchas de los estudiantes se manifestara como un voto de castigo en las comunas oficialistas. En vez de tratar de ganar la elección de Alcaldes con una táctica ofensiva (sacando los “pesos pesados” a la cancha), la mejor estrategia es una táctica defensiva (simplemente aprovechar los errores no forzados de la Coalición por el Cambio).

Dado que elecciones locales giran en torno a fenómenos locales, figuras políticas de calibre nacional pierden su potencial de influir en la elección. Ahora bien, dependiendo de los resultados electorales de las elecciones municipales, los “pesos pesados” podrían convertirse en un factor decisivo en las elecciones presidenciales de 2013. Porque hay una alta correlación entre el voto presidencial y el voto legislativo, la mejor oportunidad para concretar la alternancia en 2013 es maximizar los votos en las elecciones legislativas. Si se nomina a los “pesos pesados” como candidatos a Alcalde, se pierde la oportunidad de utilizar su arrastre electoral en las elecciones concurrentes de 2013. Si los “pesos pesados” son nominados como aspirantes a la Cámara o al Senado, tendrán una mayor inherencia para mover los resultados nacionales a favor de su coalición.

El Legado de Piñera

A casi un año y medio de que asumió el actual gobierno, no sabemos cuál va ser el legado de Sebastián Piñera. En este artículo especulo sobre dos posibles alternativas. Una alternativa es la reforma a la educación; otra alternativa es la reforma al sistema electoral. Mientras es casi seguro que la primera está destinada a fracasar (por no estar en sincronía con el gobierno de Piñera), la segunda puede ser una de las obras más trascendentes del futuro de Chile.

Un legado es el sello de un Presidente. Es la misión primaria de la administración. Es el recuerdo que el gobierno deja en la mente de la gente. Un legado puede ser positivo o negativo. En cuanto a su trascendencia política, un legado positivo puede significar una exitosa reelección de la coalición del Presidente. En cambio, un legado negativo puede bien llevar a una masacre electoral en las urnas.

En Chile, es relativamente fácil identificar los legados de los presidentes desde el retorno de la democracia. Cuando Patricio Aylwin asumió el poder en Marzo de 1990, tomó mando de un país sin instituciones democráticas. Por eso fijó la tarea nacional en términos de “transición a la democracia”. Su gobierno definió un método de negociaciones y acuerdos llamado la “democracia de los consensos”.

Los avances del gobierno de Aylwin en materias políticas ayudaron a crear una base estable para el siguiente gobierno. Por eso Eduardo Frei tuvo relativa facilidad en maximizar las prospectivas económicas (al menos hasta 1997). Si bien el termino de su gobierno estuvo marcado por la crisis asiática, logró abrir el mercado chileno mediante la firma de importantes tratados de comercio alrededor del mundo.

La recesión económica hacia el termino del gobierno de Frei ayudó a identificar importantes carencias que se venían arrastrando en el país. Por eso Ricardo Lagos ofreció pavimentar el camino hacia el desarrollo. Y eso hizo. Construyó carreteras, puentes y túneles a lo largo y ancho del país. Paralelamente, trabajó en la modernización del Estado, adaptando las herramientas vetustas del gobierno, a las demandas ciudadanas del siglo XXI.

Los gobiernos consecutivos de Aylwin, Frei y Lagos conformaron una exitosa secuencia para transformar un país autoritario en uno democrático. Por eso Michelle Bachelet vio la oportunidad de abrir los beneficios que habían construido los gobiernos anteriores a un mayor número de gente. Su gobierno se caracterizó por la inclusión social. Desde su estilo de liderazgo a sus políticas económicas. Su legado fue entregar alternativas y oportunidades a las clases más desprovistas.

Con la elección de Piñera en 2010, se acabó el ciclo de la Concertación. Y tal vez por ser el primer gobierno de derecha en 50 años, Piñera no ha podido alinear el objetivo de su gobierno con la trayectoria de los gobiernos anteriores. Los problemas que ha enfrentado durante la primera parte de su gobierno ha reducido significativamente la gobernabilidad de su administración, impidiéndolo de fijar una meta de consenso nacional.

Tras las movilizaciones estudiantiles, Piñera vio la oportunidad de hacer la reforma a la educación su gran legado. No se puede ignorar que La Moneda ha hecho un importante esfuerzo para buscar un acuerdo con los estudiantes. Pero cuando se presentó la propuesta del gobierno (GANE), y fue rápidamente rechazada por los estudiantes, Piñera comenzó a dudar que la educación sería su gran legado. La distancia entre los objetivos de los estudiantes y la disposición del gobierno es simplemente demasiado amplia.

Si Piñera desea mantener su estatus de Presidente de derecha, cualquier tipo de acuerdo entre La Moneda y los estudiantes será mediocre. Y si Piñera quiere pasar a la historia, o al menos reelegir su coalición al poder en 2013, no lo podrá hacer con un legado mediocre. Por eso creo que el legado de Piñera reside en otro lugar. Creo que el mejor legado que puede aspirar Piñera es reformar el sistema político.

Cambiar las leyes electorales tiene un impacto significativo en la forma en que se hace política. Una reforma de fondo al sistema binominal puede consolidarse en un cambio substancial del comportamiento de los actores políticos. Piñera puede pasar a la historia como el Presidente de derecha que abolió el último enclave autoritario de Pinochet. Puede revindicar a la derecha como una coalición democrática.

Esto se puede hacer relativamente fácil y rápido. Los votos están disponibles en el poder legislativo. Cualquier proyecto de reforma electoral que ofrezca Piñera tendrá que ser bienvenido por los partidos de la Concertación. Tras una lucha de 20 años para cambiar las reglas electorales en la Constitución, no podrán rechazar una propuesta de Piñera. Por eso no es ni necesario levantar un proyecto atractivo, solo debe ser un proyecto de cambio.

Hasta el momento, Piñera tiene la vara alta. La sincronización y efectividad de los legados positivos de los gobiernos de la Concertación lo están presionando a recapacitar sobre la profundidad de su propio legado. Una reforma mediocre a la educación no lo pondrá a la altura de los legados anteriores, y le costará en las urnas. En cambio, una reforma al sistema electoral lo dejará en una inmejorable posición para ser declarado el padre del Chile del futuro.